La Fiscal General del Estado accedió al cargo con la seriedad institucional que otorga un vulgar cambio de sillas con el de Ministra de Justicia, que ya era. Al no poder presumir de ninguna independencia y sí de punch partidista, con la torpe vanagloria de Sánchez de su sumisión a él, mantuvo los expedientes contra el rey en simulacro de tramitación, terminando por archivarlos todos. Era mucha marrullería procesal por su perseverante intencionalidad.
El asalto a la Bastilla no llevó a la guillotina a Luis XVI sino la dilató unos pocos años, entre los
Estados Generales no todos sus componentes abrigaban la furia regicida, creada
la Asamblea Constituyente. Fue obra de las muchedumbres, la masa, la canaille, sans-culottes; el resentimiento y el odio eran las fuerzas catalizadoras de
la sed de eliminación.
Cuando la Fiscal
General del Estado y ex ministra no tuvo
más remedio que levantar el cerco de
sospechas (¡nunca deseos, por dios!) al rey emérito, lo hizo como corresponde,
sin condiciones -los actos procesales son preclusivos y concluyentes-, sin
embargo el doctor Sánchez ha exigido al rey dar explicaciones. No lo ha hecho
“su” Fiscalía, pero sí precisamente él, el presidente ocultador, el rebelde de
la transparencia, el irreductible alzado contra la rendición de cuentas, el
sordo ante los requerimientos de organismos públicos e instituciones del
Estado, el omisivo de todos los reclamos de interpelaciones del Congreso de Diputados. Su estructura moral,
vemos, es la propia de psicópatas. Gran parte de la izquierda se comporta con
la monarquía como si fuera tolerada por ella hasta que dispusiera lo contrario,
con tono perdonavidas, el hostigamiento
a la Jefatura del estado no desaprovecha una. Mantiene en la recámara (bien
entendida) su sacrosanta y purísima II República, aquel lienzo blanco e
inmaculado que quedó, lógicamente, como
un cuadro de Jackson Pollock, con chorretones sanguinolentos y drippings color
vísceras.
Esa izquierda política y mediática se refiere en televisión a los delitos que había
cometido el rey, olvidando que para ello son imprescindibles los fallos
judiciales, entonces los tribunales populares
responden que si no los había era
porque algunos delitos habían prescrito
y otros por la inviolabilidad del Jefe de estado; sin ella las
dentelladas serían de rottweiler y mastines.
En cuanto a la prescripción -las ganas ofuscan- quiere decir que se impide entrar en el fondo del asunto, y quedarían sin investigar: como los ya investigados sin que eso supusiera no ya condena sino la mera apertura de diligencias. En cuanto a regularizarse con Hacienda es una posibilidad legal: un derecho. Como Monedero y sus partidas. Sin la inviolabilidad del rey las acometidas serían arrasadoras (demasiado tentadoras).
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